El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el que se cuestionaba la aplicación, en un caso concreto, de una disposición de la Ley N° 18.216 que limita el acceso a penas sustitutivas. El resumen interno del caso sostiene que el requirente alegaba vulneración de la igualdad ante la ley, del derecho a un procedimiento racional y justo y del principio de proporcionalidad. Sin embargo, la parte resolutiva del fallo indica que el requerimiento fue rechazado. El tribunal concluyó que no se vislumbraba vulneración del debido proceso, la tutela judicial efectiva ni la defensa, porque el eventual vicio en la sentencia de la Corte de Apelaciones, consistente en la omisión de fundamentos de hecho y de derecho, podía ser discutido ante la Corte Suprema mediante recurso de casación en el fondo, y el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil permitía además la casación de oficio.
Normas citadas
artículo 768, inciso 2, de Código de Procedimiento Civil
artículo 8, inciso N/A, numeral 2, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Ley N° 18.101
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDerecho Al RecursoRecurso de casaciónImprocedencia recursivaIgualdad ante la Ley
Preguntas frecuentes
¿Procede el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad si la sentencia de la Corte de Apelaciones omitió fundamentos de hecho y de derecho?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento. Sostuvo que el eventual vicio de omisión de fundamentos podía ser discutido ante la Corte Suprema mediante recurso de casación en el fondo, y que el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil permitía además la casación de oficio.
¿Se vulnera el debido proceso o la tutela judicial efectiva cuando existe la posibilidad de recurrir de casación contra una sentencia con falta de fundamentos?
En este caso, el tribunal concluyó que no se vislumbraba vulneración del debido proceso, la tutela judicial efectiva ni la defensa, porque el vicio podía corregirse mediante los recursos de casación disponibles ante la Corte Suprema.
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