Resumen
El conflicto se originó tras la exclusión de una unión temporal de proveedores en una licitación para servicios de mensajería del Ministerio de la Mujer, por no acompañar antecedentes de todas sus empresas integrantes, decisión que fue calificada como ilegal por el Tribunal de Contratación Pública y confirmada por la Corte, al estimar que la oferta cumplía las bases y que su rechazo vulneró principios de la contratación pública.