La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto por una…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto por una cirujano dentista contra la Corporación Municipal de Renca, que la había destituido tras un sumario administrativo. La recurrente sostuvo que el procedimiento vulneró el principio de congruencia y, con ello, su derecho de defensa, parte del debido proceso. La Corte concluyó que el acto impugnado constituía una actuación ilegal y arbitraria que afectaba la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones. En consecuencia, dejó sin efecto tanto la resolución que impuso la destitución como la que rechazó el recurso de reposición, sin costas. Ordenó la reincorporación de la recurrente a sus funciones y el pago de las remuneraciones devengadas desde su separación hasta su efectiva reincorporación.
Normas citadas
Resolución N° 595
Resolución N° 668
Resolución N° 355
Ley 19.378
Resolución N° 335
Preguntas frecuentes
¿Procede dejar sin efecto una destitución municipal si el sumario administrativo vulneró el principio de congruencia y el derecho de defensa?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección y concluyó que la destitución fue una actuación ilegal y arbitraria, por haberse vulnerado el principio de congruencia y el derecho de defensa. Por ello, dejó sin efecto la destitución y la resolución que rechazó la reposición.
¿Qué efectos tiene la acción de protección que deja sin efecto una destitución de un funcionario municipal?
La Corte ordenó la reincorporación de la funcionaria a sus funciones y el pago de las remuneraciones devengadas desde su separación hasta su efectiva reincorporación. No hubo condena en costas.
¿La afectación del derecho de defensa en un sumario puede vulnerar también la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre las remuneraciones?
En este caso, la Corte sostuvo que el acto impugnado afectaba la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre las remuneraciones de la recurrente. Por eso, estimó que la actuación era ilegal y arbitraria.
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