La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el…

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Instituto Profesional Providencia S.A. (IPP) contra la Resolución Exenta N°654 de la Superintendencia de Educación Superior, que mantuvo una multa de 600 UTM por infracción grave al artículo 55 letra d) de la Ley N°21.091. El IPP había aplicado un reajuste arancelario adicional del 4,1% en junio de 2022, argumentando que era necesario para alinear el arancel con la variación del IPC, conforme a la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios educacionales. La Superintendencia consideró que dicho reajuste constituyó una modificación unilateral y arbitraria de los términos contractuales. El IPP alegó fuerza mayor por el fenómeno inflacionario extraordinario y que los estudiantes fueron informados y manifestaron su conformidad. La Corte concluyó que el ajuste no se ajustó a lo pactado contractualmente, pues se realizó después del inicio del año académico y sin respetar el procedimiento establecido. Asimismo, desestimó la existencia de fuerza mayor y la confianza legítima invocada, por lo que confirmó la legalidad de la sanción impuesta.