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La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por una estudiante contra…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por una estudiante contra la Universidad Bolivariana, que le impedía inscribir asignaturas y asistir a clases como alumna oyente por una deuda de aranceles universitarios. La recurrente alegaba vulneración de garantías constitucionales. La universidad fundó su actuación en el artículo 106 de su Reglamento Académico, que permite perder la calidad de estudiante regular por incumplimiento de obligaciones económicas. La Corte reconoce que la recurrente admitió no haber pagado los aranceles vigentes y vencidos y que no acreditó los supuestos acuerdos de pago alcanzados. Por ello, revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique que había acogido la protección y declara que la actuación de la universidad se ajustó a derecho, sin ilegalidad ni arbitrariedad.

Normas citadas

  • Artículo 19, números 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 11 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
  • Artículo 106 del Reglamento Académico de la Universidad Bolivariana
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Preguntas frecuentes

¿Puede una universidad impedir a un estudiante inscribir asignaturas por una deuda de aranceles según su reglamento académico?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la universidad actuó conforme a derecho al aplicar el artículo 106 de su Reglamento Académico, que permite perder la calidad de estudiante regular por incumplimiento de obligaciones económicas. Revocó la sentencia que había acogido el recurso de protección.

¿Cuándo se considera arbitraria la decisión de una universidad de restringir la asistencia a clases de un alumno con deudas?

En este caso, la Corte concluyó que no hubo arbitrariedad porque la estudiante reconoció no haber pagado los aranceles vigentes y vencidos y no acreditó acuerdos de pago. Por eso la restricción no fue considerada ilegal ni arbitraria.

¿Sirve de protección alegar que se acordó un plan de pago si no se acredita con documentos?

En este caso, la Corte Suprema estimó que la recurrente no acreditó los supuestos acuerdos de pago alcanzados con la universidad. Esa falta de prueba fue determinante para declarar que la actuación de la institución se ajustó a derecho.

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