Resumen del criterio jurisprudencial
El debate sobre la identidad digital en el sector público revela profundas falencias jurídicas en el uso de firmas electrónicas avanzadas y del sistema de Clave Única, cuya implementación —a través de normas administrativas, reglamentos y resoluciones exentas sin habilitación legal expresa— vulnera principios esenciales del Derecho Público como la reserva de legalidad, afectando la validez de los actos administrativos y generando graves riesgos de ciberseguridad institucional. La falta de regulación adecuada, sumada a intentos de crear nuevas competencias y mecanismos de autenticación sin ley,