La Oficina de Informaciones del Senado solicitó a la Contraloría General de la Repúblic…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
Resumen
La Oficina de Informaciones del Senado solicitó a la Contraloría General de la República iniciar el procedimiento del artículo 10 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por no haber entregado el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades la información que el Senado le había requerido reiteradamente conforme al artículo 9° de esa ley. La Contraloría se abstuvo de iniciar dicho procedimiento. Fundó su decisión en que la Asociación no es un servicio público integrante de la Administración del Estado, en los términos del artículo 1° de la ley N° 18.575, por lo que los artículos 9° y 10 de la ley N° 18.918 no le son aplicables.
Normas citadas
ley 18918 art/10
ley 18918 art/9
ley 18575 art/1 dfl 1/19653/2000 sepre
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede el Congreso Nacional exigir información a una asociación de municipalidades bajo el artículo 9° de la ley 18.918?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que no, porque la Asociación Chilena de Municipalidades no es un servicio público integrante de la Administración del Estado en los términos del artículo 1° de la ley 18.575, por lo que los artículos 9° y 10 de la ley 18.918 no le son aplicables.
¿Procede iniciar el procedimiento del artículo 10 de la ley 18.918 contra quien no entrega información requerida por el Senado?
En este caso, la Contraloría se abstuvo de iniciar el procedimiento del artículo 10 solicitado por la Oficina de Informaciones del Senado, fundada en que la asociación requerida no es un servicio público de la Administración del Estado.
¿Qué entidades quedan comprendidas como servicios públicos según el artículo 1° de la ley 18.575?
En este caso, la Contraloría consideró que la Asociación Chilena de Municipalidades no es un servicio público integrante de la Administración del Estado en los términos del artículo 1° de la ley 18.575, criterio que determinó la no aplicación de la ley 18.918 a dicha entidad.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
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