Resumen
Se presenta un proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer la pena accesoria de inhabilitación absoluta para funcionarios públicos y personas electas en cargos de representación popular condenadas por delitos de corrupción (malversación de caudales públicos, cohecho) y delitos de carácter sexual (violación, abuso sexual u otro tipo de delito sexual). El proyecto surge como respuesta a una crisis política-institucional caracterizada por casos de corrupción históricos como MOP-Gate, sobresueldos, coimas, Inverlink, Chile Deportes-Publicam y EFE, así como denuncias recientes de abuso y acoso sexual en cargos públicos. La inhabilitación sería absoluta para ejercer en cargos u oficios al interior de órganos o empresas del Estado, entrando en vigencia desde que la sentencia judicial definitiva se encuentre firme o ejecutoriada e incorporada en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República. El proyecto busca establecer mecanismos disuasivos más efectivos contra actos contrarios a la probidad y ética funcionaria.