El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia, que amplía la publicidad de la información en poder de la Administración. La parte recurrente sostuvo que dicha norma excede el artículo 8° de la Constitución, cuyo mandato alcanza solo a los actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos de los órganos del Estado. En su resolución, el Tribunal acogió parcialmente el requerimiento y declaró inaplicable el precepto legal en el caso concreto, por considerar que incorpora información no vinculada directamente con actos administrativos o resoluciones, y que la Constitución no obliga a la Administración a elaborar documentos nuevos para responder solicitudes de acceso. Un ministro previniente y una disidencia fueron registrados en el fallo.
Tribunal ConstitucionalINAAcceso a la información públicaprincipio de publicidadReserva de InformaciónAdministracion PublicaContratos AdministrativosDerecho Administrativo Disciplinario
Preguntas frecuentes
¿El artículo 8° de la Constitución obliga a la Administración a entregar cualquier información que tenga en su poder?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el mandato del artículo 8° alcanza solo a los actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos de los órganos del Estado, y no a toda la información en su poder.
¿Puede la ley de transparencia ampliar la publicidad de información más allá de lo que establece el artículo 8° de la Constitución?
En este caso, el Tribunal acogió parcialmente el requerimiento y declaró inaplicable el inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia en el caso concreto, por considerar que incorporaba información no vinculada directamente con actos administrativos o resoluciones.
¿La Administración está obligada a crear documentos nuevos para responder una solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Tribunal resolvió que la Constitución no obliga a la Administración a elaborar documentos nuevos para responder solicitudes de acceso a la información.
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