Resumen del criterio jurisprudencial
Sara Muñoz Aguilera interpuso un recurso de amparo económico contra el Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, impugnando una sentencia que la condenó al pago de $800.000 a Banco Falabella por un fraude con tarjetas de pago. La recurrente alegó falta de emplazamiento, vicios en las notificaciones y que era víctima de un delito, solicitando la anulación de lo obrado o el rechazo de la demanda. La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel que declaró inadmisible la acción, señalando que el amparo económico no procede para impugnar sentencias judiciales firmes, ya que su finalidad es proteger la libertad económica y está sujeto a requisitos formales de admisibilidad. El tribunal destacó que la recurrente intentó utilizar esta vía después de haber precluido los plazos para impugnar la sentencia mediante recursos ordinarios.