El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información interpuesto por un particular en contra del Ministerio Público, por falta de competencia del Consejo para conocer de reclamos dirigidos a ese organismo. Según la resolución, el reclamo debía presentarse ante la Corte de Apelaciones respectiva, conforme al artículo noveno de la Ley 20.285. Para fundar la decisión, se cita un precedente de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en mayo de 2012 rechazó por unanimidad un reclamo de ilegalidad, al estimar que el Consejo carece de competencia para fiscalizar al Ministerio Público. La resolución se adoptó por unanimidad de los miembros presentes y ordena notificar al peticionario y al Fiscal Nacional. Contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, y no procede el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Puede el Consejo para la Transparencia conocer de un amparo de acceso a la información dirigido contra el Ministerio Público?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el amparo por falta de competencia, al sostener que los reclamos contra el Ministerio Público deben presentarse ante la Corte de Apelaciones respectiva, conforme al artículo noveno de la Ley 20.285.
¿Cuál es el plazo para presentar un reclamo de ilegalidad contra una resolución del Consejo para la Transparencia?
En este caso, la resolución indica que contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, y que no procede el recurso de reposición.
¿Tiene competencia el Consejo para la Transparencia para fiscalizar al Ministerio Público en materia de transparencia?
En este caso, el Consejo fundó su decisión en un precedente de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en mayo de 2012 rechazó por unanimidad un reclamo de ilegalidad al estimar que el Consejo carece de competencia para fiscalizar al Ministerio Público.
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