El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 500 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, que regula la ejecución forzada y la rebaja del precio mínimo de subasta. Se discutía si esa norma vulneraba el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley por falta de proporcionalidad. El Tribunal sostuvo que la ejecución forzada es consecuencia aceptada al contraer obligaciones, que el eventual perjuicio por rebaja de precio deriva del artículo 499 y no del 500, y que el sistema equilibra los derechos del ejecutante y del ejecutado mediante defensa y tasación pericial. Además, consideró que el precio mínimo ya había sido rebajado conforme al artículo 499 N° 2, que el requerimiento era posterior a esa resolución y que el remate aún no se había realizado, por lo que no se configuraban los presupuestos para aplicar la norma impugnada.
Normas citadas
artículo 11, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Protección De La Vida PrivadaDerecho A Obtener Una Resolucion FundadaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerecho A La Proteccion De Datos Personales
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional la rebaja del precio mínimo de subasta en la ejecución forzada del Código de Procedimiento Civil?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque consideró que la ejecución forzada es consecuencia aceptada al contraer obligaciones y que el sistema equilibra los derechos del ejecutante y del ejecutado mediante defensa y tasación pericial.
¿El artículo 500 N° 1 del Código de Procedimiento Civil vulnera el derecho de propiedad o la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal sostuvo que el eventual perjuicio por rebaja de precio deriva del artículo 499 y no del 500, por lo que no se acreditó la vulneración alegada del derecho de propiedad ni de la igualdad ante la ley.
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