Resumen del criterio jurisprudencial
En respuesta a un oficio de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Contraloría General aclaró que el personal contratado a honorarios no posee calidad de funcionario público, por lo que la aceptación de sus renuncias voluntarias no requiere la tramitación previa de procedimientos disciplinarios, aun cuando exista una investigación administrativa en curso.