La Corte de Apelaciones de Temuco conoció un recurso de protección interpuesto por un t…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Temuco conoció un recurso de protección interpuesto por un trabajador en contra de la Tesorería General de la República, luego de que este organismo retuviera una suma de dinero correspondiente a un crédito universitario con aval del Estado (CAE) del recurrente, pese a que ya se le habían reconocido judicialmente indemnizaciones y prestaciones laborales por despido injustificado. La sentencia, con voto de minoría, sostuvo que la facultad de compensación de la Tesorería solo puede aplicarse a impuestos adeudados y no a créditos impagos, por lo que la retención fue considerada ilegal y arbitraria. Según lo que consta en la parte resolutiva, el tribunal razonó que la Ley N° 20.027, por ser posterior y especial en razón de la materia y de los sujetos, debe prevalecer sobre las normas generales de compensación tributaria contenidas en el DFL N° 1 de 1994 y el D.L. N° 1.263 de 1975, que se refieren a impuestos y tributos.
Normas citadas
Artículo 168 letra B) del Código del Trabajo
D.L. Nº 3.500 (Cotizaciones Previsionales)
Constitución Política de la República (derechos fundamentales)
compensación de deudascréditos laboralestesorería generaldespido injustificadorecurso de protecciónderechos fundamentalesarbitrariedad administrativaindemnización laboral
Preguntas frecuentes
¿Prevalece la Ley N° 20.027 sobre las normas generales de compensación tributaria para cobrar créditos CAE?
En este caso, el tribunal razonó que la Ley N° 20.027, por ser posterior y especial en razón de la materia y de los sujetos, debe prevalecer sobre las normas generales de compensación del DFL N° 1 de 1994 y del D.L. N° 1.263 de 1975, que se refieren a impuestos y tributos.
¿Procede un recurso de protección contra la Tesorería General de la República por retenciones de dinero ordenadas para pagar un CAE?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Temuco conoció un recurso de protección interpuesto por un trabajador contra la Tesorería por retener una suma correspondiente a su CAE, pese a haberse reconocido judicialmente sus prestaciones laborales por despido injustificado.
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