El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo de acceso a la informac…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2009
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo de acceso a la información presentado por un requirente contra una fiscalía del Ministerio Público, por estimar que carece de competencia para conocerlo. El Consejo razonó que el Ministerio Público se rige por el principio de transparencia consagrado en la Constitución y en la Ley de Transparencia, pero que, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información, la normativa especial dispone que, vencido el plazo legal o denegada la petición, el requirente debe reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, conforme a los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia. Por ello, concluyó que el reclamo debió interponerse ante la Corte de Apelaciones y no ante el Consejo, y ordenó notificar la decisión al requirente y al fiscal jefe de la fiscalía involucrada.
Normas citadas
Decreto Supremo 13 2009 Reglamento
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadJusticia
Preguntas frecuentes
¿Ante quién se reclama si una fiscalía del Ministerio Público deniega una solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que, tratándose del Ministerio Público, vencido el plazo legal o denegada la petición, el requirente debe reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, conforme a los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia.
¿Es competente el Consejo para la Transparencia para conocer un reclamo de acceso a la información contra el Ministerio Público?
En este caso, el Consejo para la Transparencia se declaró incompetente y declaró inadmisible el reclamo, por estimar que la normativa especial dispone que el requirente debe reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva.
¿El Ministerio Público está sujeto al principio de transparencia y a la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia razonó que el Ministerio Público se rige por el principio de transparencia consagrado en la Constitución y en la Ley de Transparencia, aunque para el ejercicio del derecho de acceso a la información la normativa especial fija la competencia de la Corte de Apelaciones.
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