Resumen del criterio jurisprudencial
La propuesta amplía el ámbito de aplicación del control obligatorio a nuevos sectores, incluidos los servicios de comunicación, las materias primas críticas y las infraestructuras de transporte. Los Estados miembros deberán examinar las inversiones extranjeras que afecten a estos sectores con el fin de determinar la existencia de riesgos para la seguridad.