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Libre competencia

La Fiscalía Nacional Económica resolvió archivar una investigación iniciada a partir de…

Resolución · Fiscalía Nacional Económica · 2008

Resumen

La Fiscalía Nacional Económica resolvió archivar una investigación iniciada a partir de una denuncia de la Asociación de Corredores de Seguros de Rentas Vitalicias, que cuestionaba la fijación legal de un tope de comisión del 2,5% para la intermediación de rentas vitalicias, establecida por la Ley N° 19.934. El organismo concluyó que este límite ha contribuido a reducir los costos de intermediación y, con ello, a incrementar las pensiones de los afiliados. Asimismo, descartó el argumento de que se restringía la competencia, pues en este mercado existen fallas —la complejidad del producto y la asimetría de información entre clientes e intermediarios— que justifican la regulación estatal de las tarifas máximas.

Normas citadas

  • Ley N° 19.934
  • Decreto Ley N° 211

Preguntas frecuentes

¿Es contrario a la libre competencia que la ley fije un tope de comisión para la intermediación de rentas vitalicias?

En este caso, la Fiscalía Nacional Económica archivó la investigación y concluyó que el tope legal de comisión del 2,5% no vulnera la libre competencia. Estimó que reduce los costos de intermediación y aumenta las pensiones, y que se justifica por fallas del mercado como la complejidad del producto y la asimetría de información.

¿Puede una denuncia de un gremio de corredores de seguros prosperar si cuestiona una tarifa máxima fijada por ley?

En este caso, la Fiscalía Nacional Económica resolvió archivar la denuncia presentada por la Asociación de Corredores de Seguros de Rentas Vitalicias, que cuestionaba el tope de comisión establecido por la Ley N° 19.934. El organismo descartó que dicho límite restrinja la competencia y decidió no iniciar acciones en su contra.

¿Justifican las fallas de mercado en la intermediación de rentas vitalicias la regulación estatal de las tarifas máximas?

En este caso, la Fiscalía Nacional Económica sostuvo que sí. Identificó fallas en este mercado, como la complejidad del producto y la asimetría de información entre clientes e intermediarios, que justifican la regulación estatal de las tarifas máximas.

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