Resumen del criterio jurisprudencial
Concluyó que la fijación directa de precios no es una sanción, sino una medida regulatoria respaldada por la ley, y descartó vulneraciones a la reserva de ley, al derecho de defensa y al principio de igualdad alegadas por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos. Se ejerció legítimamente la potestad de regulación y control de precios por parte del Estado.