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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado en contra de la Municipali…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado en contra de la Municipalidad de Coquimbo por la negativa a entregar antecedentes vinculados a la función pública de un funcionario municipal. El Consejo estimó que se trataba de información de naturaleza pública, que no constaba haber sido entregada al solicitante y respecto de la cual el órgano no invocó causales de secreto o reserva. Antes de la entrega, el municipio deberá tarjar los datos personales de contexto y los datos sensibles, en aplicación del principio de divisibilidad. Si la información no obra en poder del órgano, deberá comunicarlo fundadamente al reclamante y al Consejo. Se advierte que el incumplimiento puede acarrear multas y, en caso de persistencia de la autoridad, duplicación de la sanción y suspensión en el cargo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en un plazo de 15 días corridos.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.628
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Procede el acceso a información sobre la función pública de un funcionario municipal si el órgano no invoca causales de reserva?

En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que se trataba de información pública, que no constaba entregada al solicitante y que el municipio no invocó causales de secreto o reserva, por lo que acogió el amparo.

¿Debe el municipio entregar la información con datos personales y sensibles?

En este caso, el Consejo ordenó que, antes de la entrega, el municipio tarje los datos personales de contexto y los datos sensibles, aplicando el principio de divisibilidad.

¿Qué ocurre si el órgano no posee la información solicitada y contra esta decisión qué recursos existen?

En este caso, si la información no obra en poder del órgano, debe comunicarlo fundadamente al reclamante y al Consejo, y contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos.

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