El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y declaró inaplicable, en el caso concreto, el artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. Se discutió si esa disposición, que excluía la aplicación de penas sustitutivas a ciertos delitos, vulneraba principios constitucionales. El tribunal consideró que el derecho a punir del Estado no es absoluto, que la severidad de las penas debe guardar relación con la gravedad del delito y que la norma resultaba desproporcionada, inequitativa e inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de las víctimas. Asimismo, señaló que las penas sustitutivas no equivalen a impunidad. En su parte resolutiva, el fallo también destacó que la norma restringía la independencia del juez penal al obligarlo a ordenar la privación de libertad efectiva.
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualIgualdad En La LeyPrincipio De Tipicidad
Preguntas frecuentes
¿Puede un tribunal aplicar penas sustitutivas a la pena privativa de libertad cuando una ley las excluye para ciertos delitos?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y declaró inaplicable, solo para ese caso concreto, la norma que excluía las penas sustitutivas, por considerarla desproporcionada e inequitativa.
¿El derecho a punir del Estado es absoluto o tiene límites constitucionales?
El Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y que la severidad de la pena debe guardar relación con la gravedad del delito, respetando los límites constitucionales.
¿Aplicar penas sustitutivas en lugar de la cárcel equivale a dejar sin castigo un delito?
El Tribunal Constitucional señaló que las penas sustitutivas no equivalen a impunidad, y que la norma examinada era inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de las víctimas.
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