El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a información pública pre…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2015
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a información pública presentado por un particular contra una municipalidad, referido a la entrega de antecedentes sobre viáticos del alcalde. El organismo acogió parcialmente el amparo y ordenó al municipio entregar copias de las resoluciones exentas que autorizan y ordenan el pago de viáticos al alcalde, correspondientes a un período determinado. Fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso que se informara el cumplimiento de lo ordenado. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y se notificó a las partes, con la posibilidad de reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Oficio N° 938
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué información sobre viáticos de una autoridad municipal puede solicitarse y qué ordena el Consejo para la Transparencia si el municipio no entrega?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo y ordenó al municipio entregar copias de las resoluciones exentas que autorizan y ordenan el pago de viáticos al alcalde, correspondientes a un período determinado.
¿Cuál es el plazo que fija el Consejo para la Transparencia para que un municipio entregue la información ordenada en un amparo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso que se informara el cumplimiento de lo ordenado.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información pública?
En este caso, la decisión del Consejo Directivo se notificó a las partes con la posibilidad de reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
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