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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la Ley N° 17.322, que regula la cobranza judicial de cotizaciones previsionales y contempla el arresto del empleador moroso. La parte requirente sostenía que su aplicación en el caso concreto vulneraba el debido proceso, el non bis in idem y la prohibición de prisión por deudas. El Tribunal rechazó el requerimiento, estimando que la norma no resulta inconstitucional en el caso concreto. Con todo, el fallo registra en su parte considerativa que el arresto, como obligación general ante el incumplimiento y no como excepción, contraviene la prohibición de prisión por deudas reconocida en los tratados de derechos humanos vigentes en Chile.

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Preguntas frecuentes

¿El arresto del empleador moroso en cotizaciones previsionales es constitucional en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 12 de la Ley N° 17.322 y estimó que la norma no resulta inconstitucional en el caso concreto. Sin embargo, en su parte considerativa señaló que el arresto como obligación general ante el incumplimiento contraviene la prohibición de prisión por deudas.

¿Se puede alegar que el arresto por cotizaciones impagas vulnera la prohibición de prisión por deudas?

En este caso, la parte requirente sostuvo esa vulneración, junto con el debido proceso y el non bis in idem. El Tribunal rechazó el requerimiento, aunque en sus consideraciones registró que el arresto como regla general vulnera la prohibición de prisión por deudas de los tratados de derechos humanos vigentes.

¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre la cobranza judicial de cotizaciones previsionales con arresto del empleador?

En este caso, el Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 12 de la Ley N° 17.322 y lo rechazó. La sentencia no declaró inconstitucional la norma en el caso concreto, pero reconoció en sus considerandos que el arresto general por incumplimiento contraviene los tratados de derechos humanos.

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