Resumen
La Segunda Sala estimó que el requerimiento carecía de fundamento plausible, pues el propio artículo 486 del Código de Procedimiento Civil contempla un mecanismo para objetar el avalúo fiscal y solicitar tasación pericial. En el caso concreto, esa vía fue ejercida por el deudor, pero fuera de plazo, por lo que el perjuicio alegado derivaría de la preclusión procesal y no de un conflicto constitucional atribuible a la norma impugnada.