Resumen del criterio jurisprudencial
La iniciativa busca permitir que una persona, incluso si tiene calidad de imputada, sea requerida para entregar o ejecutar una contraseña o clave que permita acceder a información digital cuya revisión haya sido legalmente autorizada. La negativa injustificada sería sancionada penalmente, con una pena agravada si la colaboración hubiera permitido evitar un crimen o reducir sus consecuencias.