Resumen del criterio jurisprudencial
Torre Export SpA, en representación de una unión temporal de proveedores, interpuso una acción de impugnación contra la decisión de JUNAEB de denegar el pago del reajuste de precio previsto en las bases administrativas y el contrato de licitación pública para la adquisición de útiles escolares. El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia, acogiendo parcialmente la impugnación. La Corte interpretó que la cláusula de reajuste no requería la existencia de prestaciones pendientes o saldos insolutos, sino que formaba parte del precio para mantener su valor adquisitivo. Además, consideró que las actuaciones previas de JUNAEB, como un memorándum que reconocía la procedencia del pago, generaron una confianza legítima en la recurrente, y el cambio de criterio vulneró la buena fe y la doctrina de los actos propios. En consecuencia, se declaró ilegal la decisión de JUNAEB y se ordenó el pago del reajuste calculado según la variación del IPC, pero se denegó el reajuste adicional solicitado hasta la fecha de pago efectivo. No se condenó en costas.