Dictamen de la Superintendencia de Pensiones que reconsidera parcialmente un oficio ant…
Dictamen · Superintendencia de Pensiones · 2017
Resumen
Dictamen de la Superintendencia de Pensiones que reconsidera parcialmente un oficio anterior y resuelve que la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía debe solicitar autorización previa de esa entidad para cualquier modificación de sus estatutos sociales. La decisión se funda en el artículo 131 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 39 de la Ley del Seguro de Cesantía, que hace aplicable supletoriamente el D.L. N° 3.500 y la Ley N° 18.046. La Superintendencia estima que esta interpretación es consistente con la naturaleza de la gestión que desempeña la administradora, dada la relevancia de sus actividades para el interés público, lo que justifica el control preventivo sobre las modificaciones estatutarias.
Normas citadas
Ley 18.046
Artículo 131 de la ley 18.046
D.L. 3.500
Código del Trabajo
ArtÍculo 28 de la ley 18.046
Preguntas frecuentes
¿Una administradora de fondos de cesantía puede modificar sus estatutos sociales sin autorización de la Superintendencia de Pensiones?
No. En este caso, la Superintendencia de Pensiones resolvió que la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía debe solicitar autorización previa a esa entidad para cualquier modificación de sus estatutos sociales.
¿Por qué la Superintendencia de Pensiones exige control previo sobre las modificaciones estatutarias de una administradora de fondos de cesantía?
En este caso, la Superintendencia lo fundó en el artículo 131 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 39 de la Ley del Seguro de Cesantía. Estimó que la gestión de la administradora tiene relevancia para el interés público, lo que justifica el control preventivo.
¿Qué normas se aplican supletoriamente a la administración de los fondos de cesantía en Chile?
En este caso, la Superintendencia sostuvo que el artículo 39 de la Ley del Seguro de Cesantía hace aplicable supletoriamente el D.L. N° 3.500 y la Ley N° 18.046. Con ello fundamentó la exigencia de autorización previa para modificar los estatutos.
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