La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de las bases adm…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de las bases administrativas de un convenio marco para servicios de impresión, fotocopiado y artículos corporativos, específicamente respecto del plazo de vigencia de 72 meses fijado en ellas. El dictamen concluye que la Dirección de Compras y Contratación Pública actuó dentro de sus atribuciones al determinar dicho periodo, pues la normativa aplicable no establece un límite máximo para la duración de estos acuerdos. Además, se descartan eventuales efectos negativos, ya que los proveedores ajenos al convenio pueden ofrecer condiciones más ventajosas a los organismos públicos, debiendo la Dirección adoptar medidas para extender esos beneficios. Por ello, se resuelve que el convenio marco se ajustó a derecho.
Normas citadas
ley 19886 art/1 inc/1
ley 19886 art/30 l t/d
dto 250/2004 Hacie art/2 num/14
dto 250/2004 Hacie art/14 inc/1
dto 250/2004 Hacie art/16 inc/1
dto 250/2004 Hacie art/22 num/3
ley 19886 art/6 inc/fin
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Existe un límite máximo de duración para los convenios marco de compras públicas en Chile?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la normativa aplicable no establece un límite máximo para la duración de estos acuerdos, por lo que la Dirección de Compras y Contratación Pública actuó dentro de sus atribuciones al fijar un plazo de vigencia de 72 meses en las bases.
¿Un plazo largo de vigencia en un convenio marco de compras públicas es ilegal?
En este caso, el organismo descartó que el plazo de 72 meses fijado en las bases vulnerara la legalidad, al concluir que el convenio marco para servicios de impresión, fotocopiado y artículos corporativos se ajustó a derecho.
¿Qué pasa con los proveedores que no integran un convenio marco y ofrecen mejores condiciones a los organismos públicos?
En este caso, la Contraloría descartó efectos negativos por esta situación, pues los proveedores ajenos al convenio pueden ofrecer condiciones más ventajosas, y la Dirección de Compras y Contratación Pública debe adoptar medidas para extender esos beneficios a los organismos públicos.
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