El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un reclamante y ordenó…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un reclamante y ordenó al Ministerio del Interior entregarle una resolución exenta dictada en un procedimiento migratorio, por tratarse de información relativa a su propia persona. El organismo desestimó la afectación al privilegio deliberativo invocada por el ministerio y dispuso que la entrega se realice previa acreditación de identidad, dado que el documento contiene datos personales y sensibles. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo, con la abstención de una consejera por estimar que concurría una causal de conflicto de interés, la que fue acogida. En contra de lo resuelto procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, sin que proceda recurso de reposición respecto de los órganos de la Administración del Estado.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un ministerio negar la entrega de una resolución exenta sobre un procedimiento migratorio invocando el privilegio deliberativo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la afectación al privilegio deliberativo invocada por el Ministerio del Interior y ordenó entregar la resolución exenta, por tratarse de información relativa a la propia persona del reclamante.
¿Qué condiciones puede imponer el Consejo para la Transparencia al ordenar la entrega de información con datos personales y sensibles?
En este caso, el Consejo dispuso que la entrega se realice previa acreditación de identidad, dado que el documento contiene datos personales y sensibles.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia y cuál es el plazo para interponerlo?
En este caso, el Consejo indicó que en contra de lo resuelto procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, sin que proceda reposición respecto de los órganos de la Administración del Estado.
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