El Consejo para la Transparencia resolvió un recurso de amparo presentado por una perso…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un recurso de amparo presentado por una persona que solicitó información pública a una municipalidad. El organismo determinó que el municipio vulneró la Ley de Transparencia al no responder la solicitud dentro del plazo legal. En consecuencia, acogió el amparo y ordenó al municipio entregar la información solicitada en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal. Además, representó al alcalde la infracción a los artículos 11 letra h) y 14 de la Ley de Transparencia por no haber dado respuesta oportuna, para que adopte las medidas necesarias y adecúe sus actividades institucionales a la normativa. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y notificada a las partes, quedando sujeto a un posible reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una municipalidad no responde una solicitud de información pública dentro del plazo legal?
En este caso, el Consejo para la Transparencia determinó que el municipio vulneró la Ley de Transparencia al no responder dentro del plazo legal y acogió el amparo, ordenando entregar la información en un plazo máximo de cinco días hábiles.
¿El Consejo para la Transparencia puede sancionar al alcalde por no dar respuesta oportuna a una solicitud de información?
En este caso, el Consejo representó al alcalde la infracción a los artículos 11 letra h) y 14 de la Ley de Transparencia por no haber dado respuesta oportuna, para que adopte las medidas necesarias y adecúe sus actividades institucionales a la normativa.
¿Qué puede hacer un municipio si no está de acuerdo con la decisión del Consejo para la Transparencia en un amparo?
En este caso, la decisión del Consejo Directivo quedó sujeta a un posible reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, según lo indicado en la resolución.
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