Resumen del criterio jurisprudencial
La sentencia se apoya en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual establece que las normativas nacionales pueden imponer restricciones por motivos de interés público. El tribunal ratificó la competencia exclusiva de la administración autonómica para fijar perímetros de seguridad de 850 metros respecto a centros educativos y regular la publicidad exterior. Asimismo, los magistrados descartaron la existencia de vicios de inconstitucionalidad en la normativa vigente.