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El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inconstitucionalidad presentado c…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2011

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inconstitucionalidad presentado contra el decreto supremo N° 327, en sus números 3° y 4°, que modificaba el reglamento sobre avisaje caminero. El Tribunal consideró que dichas disposiciones administrativas limitaban el derecho a desarrollar una actividad económica (artículo 19, N° 21, de la Constitución), restricción que, conforme a la Carta Fundamental, debe ser establecida por ley y no por normas de rango administrativo. Se argumentó que la facultad de 'regular' no corresponde al administrador, sino al legislador, y que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes. Se descartó la vulneración del artículo 19, N° 26, por tratarse de disposiciones administrativas y no de preceptos legales.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 10, inciso segundo
  • Constitución Política, artículo 11, inciso primero, numeral 2
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 25
  • Constitución Política, artículo 21, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 25, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 32, inciso primero, numeral 21, párr. 6
  • Constitución Política, artículo 63, inciso primero, numeral 1, letra e)
  • Constitución Política, artículo 63, inciso primero, numeral 1, letra g)
Tribunal ConstitucionalCPRAcción De InconstitucionalidadAtribuciones Del Congreso NacionalConstitucionalidad De Decreto Con Fuerza De LeyContratos En GeneralDemocraciaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual

Preguntas frecuentes

¿Puede un reglamento administrativo restringir el derecho a desarrollar una actividad económica en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las disposiciones administrativas que limitaban el derecho a desarrollar una actividad económica eran inconstitucionales, porque esa restricción debe establecerse por ley y no por normas de rango administrativo.

¿Puede la administración del Estado regular una actividad económica por decreto si la Constitución no le da esa facultad?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la facultad de regular no corresponde al administrador sino al legislador, por lo que el decreto que modificaba el reglamento sobre avisaje caminero excedió sus atribuciones y fue declarado inconstitucional.

¿Puede impugnarse por inconstitucionalidad un decreto supremo que modifica un reglamento sobre publicidad en caminos?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inconstitucionalidad contra dos numerales de un decreto supremo que modificaba el reglamento sobre avisaje caminero, al considerar que limitaban indebidamente una actividad económica.

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