La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por la…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por la madre de un alumno de séptimo año del Instituto Nacional José Miguel Carrera contra la expulsión del estudiante, debido a su participación en hechos violentos y uso de artefactos incendiarios. La recurrente alegó vulneración del debido proceso, presunción de inocencia y falta de evidencia vinculante. La Superintendencia de Educación evacuó informe solicitando el rechazo del recurso. La Corte estimó que el procedimiento disciplinario se ajustó a derecho, descartando ilegalidad o arbitrariedad, y ponderó los derechos de todos los estudiantes afectados, tanto víctimas como victimarios, dentro del deber de protección del establecimiento educacional.
Normas citadas
Artículo 19 números 3 y 7 de la Constitución Política de la República
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Artículo 48 de la Ley N° 20.529
Auto Acordado de la Corte Suprema sobre protección
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Preguntas frecuentes
¿Puede un colegio expulsar a un alumno por participar en hechos violentos sin vulnerar el debido proceso?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que el procedimiento disciplinario se ajustó a derecho, descartando ilegalidad o arbitrariedad en la expulsión de un alumno por su participación en hechos violentos y uso de artefactos incendiarios.
¿La presunción de inocencia se aplica en procedimientos disciplinarios de un establecimiento educacional?
En este caso, la recurrente alegó vulneración de la presunción de inocencia, pero la Corte rechazó el recurso de protección tras concluir que el procedimiento disciplinario fue correcto, sin pronunciar una regla general sobre el punto.
¿Cuándo procede un recurso de protección contra la expulsión de un estudiante?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección contra la expulsión, ponderando los derechos de todos los estudiantes afectados y el deber de protección del establecimiento educacional.
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