Resumen del criterio jurisprudencial
A ocho meses de la entrada en vigor de la Ley Karin, persisten graves deficiencias en la implementación de los procedimientos administrativos disciplinarios en el servicio público, los que en muchos casos terminan revictimizando a las víctimas de acoso laboral y sexual, pese a contar con fallos judiciales a su favor. La creación de unidades especializadas aparece como una medida urgente para garantizar justicia y evitar el despilfarro de recursos fiscales.