El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad respecto de un proy…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 1989
Resumen
El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad respecto de un proyecto de ley que modificaba la planta de personal de la Corporación de Fomento de la Producción, remitido por la Honorable Junta de Gobierno. El Tribunal determinó que ninguna de las normas del proyecto versaba sobre materias propias de ley orgánica constitucional, sino de ley ordinaria o común, según lo dispuesto en el artículo 38, inciso primero, de la Constitución Política. En consecuencia, declaró que no le correspondía pronunciarse sobre el proyecto, por no ser materia de ley orgánica constitucional, y ordenó devolverlo a la Junta de Gobierno. El fallo se fundó en la interpretación de la naturaleza de las leyes orgánicas constitucionales y el espíritu del constituyente.
Normas citadas
artículo 38, inciso primero
Tribunal ConstitucionalCPRLey Ordinaria
Preguntas frecuentes
¿Cuándo debe el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre un proyecto de ley en control preventivo obligatorio?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que no le correspondía pronunciarse sobre un proyecto que modificaba la planta de la Corporación de Fomento de la Producción, porque ninguna de sus normas era materia de ley orgánica constitucional sino de ley ordinaria, según el artículo 38, inciso primero, de la Constitución.
¿Qué materias requieren ley orgánica constitucional según la Constitución chilena?
El Tribunal fundó su fallo en la interpretación de la naturaleza de las leyes orgánicas constitucionales y en el espíritu del constituyente, concluyendo que las normas de este proyecto no pertenecían a esa categoría. Por eso ordenó devolverlo a la Junta de Gobierno.
¿Qué ocurre si el Tribunal Constitucional considera que un proyecto de ley no contiene materias de ley orgánica constitucional?
En este caso, el Tribunal determinó que el proyecto no contenía normas de ley orgánica constitucional y, por ello, lo devolvió a la Junta de Gobierno sin pronunciarse sobre su fondo. La decisión se basó en el artículo 38, inciso primero, de la Constitución Política.
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