El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, declarando inaplicable la exigencia de un año de presidio efectivo y la restricción al sistema alternativo de penas contenida en dicha norma. El Tribunal consideró que esa regla especial vulnera la potestad constitucional del juez del fondo para determinar la procedencia de penas sustitutivas, consagrada en el artículo 76 de la Constitución Política. En cambio, rechazó la impugnación dirigida contra el artículo 61 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por estimar que la suspensión del derecho de sufragio del alcalde o concejal procesado por delito que merezca pena aflictiva es una consecuencia jurídica razonable y armónica con el artículo 16 N° 2 de la Carta Fundamental, sin infringir el debido proceso, la presunción de inocencia ni la igualdad ante la ley.
Normas citadas
artículo 397, inciso N/A, numeral 1, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadControl De Constitucionalidad De Proyectos De LeyDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A La Protección De La Vida Privada
Preguntas frecuentes
¿Puede el juez del fondo aplicar penas sustitutivas en un delito de la Ley de Tránsito cuando una norma especial exige pena de presidio efectivo?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable la exigencia de un año de presidio efectivo y la restricción al sistema alternativo de penas del artículo 196 ter de la Ley N° 18.290. Estimó que esa regla especial vulnera la facultad del juez del fondo para determinar la procedencia de penas sustitutivas, consagrada en el artículo 76 de la Constitución.
¿Es constitucional suspender el derecho de sufragio de un alcalde o concejal procesado por un delito que merezca pena aflictiva?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación contra el artículo 61 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Consideró que esa suspensión es una consecuencia jurídica razonable y armónica con el artículo 16 N° 2 de la Constitución, sin infringir el debido proceso, la presunción de inocencia ni la igualdad ante la ley.
¿La suspensión del derecho a sufragio de un edil procesado vulnera la presunción de inocencia?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la suspensión del derecho de sufragio del alcalde o concejal procesado por delito que merezca pena aflictiva no vulnera la presunción de inocencia. La estimó una medida compatible con el resto de las garantías constitucionales invocadas.
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