El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Mun…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Municipalidad de Río Ibáñez, ordenando la entrega de las placas patentes de vehículos pertenecientes a personas jurídicas que pagaron permiso de circulación, con la obligación de tarjar datos personales de contexto. Sin embargo, rechazó la entrega de las placas de personas naturales, aplicando la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. La decisión se fundamentó en que, si bien la información sobre duplicados de patentes no es secreta, la entrega de datos de personas naturales podría afectar sus derechos privados, a diferencia de lo que ocurre con las personas jurídicas. En contra de esta resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.
Normas citadas
Ley N° 19.628
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Artículo 4° de la ley N° 19.628
Ley N° 18.575
Oficio Ord. N° 10
Oficio 4429
Oficio Ord. N° 170
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio entregar la información de placas patentes de vehículos de personas jurídicas que pagaron el permiso de circulación?
En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó a la municipalidad entregar las placas patentes de vehículos de personas jurídicas que pagaron el permiso de circulación, debiendo tarjar los datos personales de contexto.
¿Puede una municipalidad negar la entrega de placas patentes de vehículos de personas naturales por afectar sus derechos privados?
En este caso, el Consejo rechazó entregar las placas de personas naturales aplicando la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, porque su entrega podría afectar sus derechos privados, a diferencia de las personas jurídicas.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que deniega parcialmente el acceso a información?
En este caso, el resumen indica que procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante contra la resolución del Consejo.
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