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El Tribunal Constitucional realizó un control preventivo de constitucionalidad sobre un…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional realizó un control preventivo de constitucionalidad sobre un proyecto de ley que regulaba materias de probidad y reclamación jurisdiccional. Se discutía si una norma que exigía agotar previamente la vía administrativa antes de recurrir a los tribunales resultaba compatible con la Constitución. El tribunal razonó que dicha exigencia suspende o prohíbe transitoriamente el ejercicio del derecho a la acción, afectando el acceso a la jurisdicción garantizado en el artículo 19 N° 3° y en el artículo 38 de la Constitución, que permiten reclamar directamente ante los tribunales sin trabas administrativas previas. En consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma reprochada, por considerar que el deber de entablar obligatoriamente una reclamación administrativa como requisito previo para impugnar actos de la Administración contraviene las normas constitucionales citadas.

Normas citadas

  • artículo 8, inciso tercero
  • artículo 8, inciso cuarto
  • artículo 77, inciso primero
  • artículo 77, inciso segundo
Tribunal ConstitucionalCPR

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional exigir agotar la vía administrativa antes de recurrir a los tribunales?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una norma que exigía agotar previamente la vía administrativa, por afectar el acceso a la jurisdicción garantizado en la Constitución.

¿Qué garantías constitucionales se vulneran al imponer una reclamación administrativa previa obligatoria?

El Tribunal Constitucional razonó que dicha exigencia suspende o prohíbe transitoriamente el derecho a la acción, afectando el acceso a la jurisdicción del artículo 19 N° 3° y el artículo 38 de la Constitución.

¿Puede el legislador establecer trabas administrativas previas para impugnar actos de la Administración?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que el deber de entablar obligatoriamente una reclamación administrativa como requisito previo para impugnar actos de la Administración contraviene las normas constitucionales citadas.

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