Resumen del criterio jurisprudencial
La amparada, ciudadana argentina residente definitiva, solicitó renovación de su cédula de identidad para extranjeros en abril de 2026. El Servicio de Registro Civil rechazó ambas solicitudes (3 de junio y 26 de junio) por información de interoperabilidad que indicaba que no le correspondía residencia definitiva. Aportó certificado de vigencia de residencia de la Policía de Investigaciones y comprobante del Servicio Nacional de Migraciones, pero el Registro Civil insistió en el rechazo. La amparada alega contradicción entre registros administrativos que amenaza su libertad personal, especialmente su derecho a salir y retornar a Chile. La Corte rechazó el recurso, señalando que los recurridos actuaron conforme a sus competencias y que no se probó una amenaza inminente a la libertad ambulatoria. Se considera que la regularización migratoria debe hacerse por los procedimientos administrativos correspondientes.