El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre pr…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 1989
Resumen
El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre proyectos de ley que modificaban la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre V.P.E., relativos a plazos y procedimientos para las elecciones parlamentarias de 1989. El Tribunal analizó las disposiciones que ajustaban las fechas de declaración de candidaturas y la audiencia pública de sorteo de letras, constatando que la normativa era coherente con el calendario electoral. En su parte resolutiva, declaró que todos los artículos de los proyectos remitidos eran constitucionales, ordenando devolverlos rubricados a la Junta de Gobierno. La sentencia se pronunció conforme a los artículos 18 y 82 de la Constitución Política y la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal.
Normas citadas
artículo 18, inciso primero
Tribunal ConstitucionalCPRvotaciones popularesLey Orgánica Constitucional del sistema electoral público
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional revisar proyectos de ley que modifican la ley orgánica sobre elecciones antes de su promulgación?
En este caso, el Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre proyectos que modificaban la Ley Orgánica Constitucional sobre V.P.E. y los declaró constitucionales en su totalidad. Luego ordenó devolverlos rubricados a la Junta de Gobierno.
¿Qué examina el Tribunal Constitucional al revisar cambios en los plazos de una elección parlamentaria?
El Tribunal analizó las disposiciones que ajustaban las fechas de declaración de candidaturas y la audiencia pública de sorteo de letras. Constató que la normativa era coherente con el calendario electoral.
¿Qué normas sirven de base para el control preventivo de constitucionalidad de proyectos electorales?
Esta sentencia se fundó en los artículos 18 y 82 de la Constitución Política y en la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal. El artículo 18 es el citado en el caso como norma sobre la que se pronunció el Tribunal.
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