Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación relativa a obras ejecutadas en el marco de un contrato de construcción, en la que el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano estimó que ciertos trabajos estaban comprendidos en el precio a suma alzada pactado. El órgano contralor determinó que dicha repartición no fundamentó adecuadamente su postura, limitándose a afirmaciones generales, por lo que le ordenó, en coordinación con la Municipalidad de Lo Barnechea, determinar fundadamente la naturaleza de las obras reclamadas y la procedencia de solicitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo el otorgamiento de subsidios adicionales, debiendo informar en un plazo de 30 días. Asimismo, desestimó las pretensiones de pago por baja de rendimiento de mano de obra y por gastos derivados de la pandemia de Covid-19, por no estar contempladas en la normativa contractual, sin perjuicio de lo resuelto previamente respecto al transporte privado.