Resumen del criterio jurisprudencial
Se interpone acción constitucional de protección a favor de dos ciudadanas venezolanas, Sonia Alicia Alguindigue Ramos y su hija Camila Isabel Díaz Alguindigue, contra la Subsecretaría del Interior por la falta de pronunciamiento sobre sus solicitudes de carta de nacionalización. Las recurrentes ya habían obtenido una orden judicial previa que obligó al Servicio Nacional de Migraciones a dar curso a las solicitudes. En abril de 2026, los expedientes fueron remitidos a la Subsecretaría para la firma del decreto correspondiente, pero esta no se había producido al momento de interponer el recurso. La Subsecretaría informó que recibió los antecedentes el 7 y 30 de abril de 2026, encontrándose en tramitación. La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso al considerar que no existía una dilación excesiva que configurara una omisión ilegal o arbitraria. Una ministra concurrió al rechazo con una prevención, señalando que la nacionalización por carta es una potestad de gracia del Estado y que los solicitantes solo tienen una mera expectativa, no un derecho indubitado protegido por el recurso de protección.