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Seguridad social

La Superintendencia de Pensiones conoció el reclamo de un pensionado que pedía el pago…

Dictamen · Superintendencia de Pensiones · 2010

Resumen

La Superintendencia de Pensiones conoció el reclamo de un pensionado que pedía el pago de la indemnización del 8,33% establecida en el artículo 41 de la Ley N° 10.621, beneficio que el Instituto de Previsión Social le había denegado. El organismo revisó el expediente previsional y verificó que el interesado se pensionó en 1976 y que no presentó solicitud alguna dentro del plazo de diez años que fija el artículo 2° N° 8 de esa ley, contado desde el cese de servicios. La Superintendencia razonó que esta indemnización no se devenga por el solo ministerio de la ley, sino que requiere solicitud formal del interesado y revisión de los requisitos por el Instituto. Descartó además la alegación de desconocimiento de la ley, recordando que su publicación en el Diario Oficial la hace obligatoria y que nadie puede invocar ignorancia tras su entrada en vigencia. En consecuencia, ratificó lo resuelto por el Instituto de Previsión Social y declaró prescrito el derecho a la indemnización reclamada.

Normas citadas

  • Ley N° 10.621

Preguntas frecuentes

¿Se devenga la indemnización del 8,33% de la Ley N° 10.621 por el solo ministerio de la ley?

En este caso, la Superintendencia de Pensiones sostuvo que esta indemnización no se devenga por el solo ministerio de la ley, sino que requiere solicitud formal del interesado y revisión de los requisitos por el Instituto de Previsión Social.

¿Cuál es el plazo para solicitar la indemnización del artículo 41 de la Ley N° 10.621?

En este caso, la Superintendencia de Pensiones verificó que el interesado no presentó solicitud dentro del plazo de diez años que fija el artículo 2° N° 8 de esa ley, contado desde el cese de servicios, y declaró prescrito el derecho.

¿Puede alegarse desconocimiento de la ley para excusar la falta de solicitud de un beneficio previsional?

En este caso, la Superintendencia de Pensiones descartó la alegación de desconocimiento de la ley, recordando que su publicación en el Diario Oficial la hace obligatoria y que nadie puede invocar ignorancia tras su entrada en vigencia.

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