Una jueza de familia interpone un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional…
Informe · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
Una jueza de familia interpone un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 4 inciso 5° de la Ley N° 19.531 y el artículo 66 del Acta de la Corte Suprema. La recurrente cuestiona la negativa de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a pagarle el bono de modernización, por considerar como días no trabajados las licencias médicas por grave enfermedad de su hija. El asunto proviene de un recurso de protección tramitado ante la Corte de Apelaciones de Talca, donde se discute la arbitrariedad del acto. Solicita la suspensión del procedimiento de dicho recurso mientras se resuelve la cuestión de constitucionalidad, por estimar que la norma aplicada contraviene la Constitución.
Normas citadas
Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
Artículo 93 inciso undécimo de la Constitución Política de la República
Artículo 4 inciso 5° de la Ley N° 19.531
Artículo 1 N° 2 de la Ley N° 20.224
Artículo 66 del Acta 134-2015 de la Corte Suprema
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Preguntas frecuentes
¿Cómo se tramita un requerimiento de inaplicabilidad cuando la norma cuestionada se aplica en un recurso de protección ante una Corte de Apelaciones?
En este caso, el asunto proviene de un recurso de protección tramitado ante la Corte de Apelaciones de Talca, donde se discute la arbitrariedad de la negativa a pagar el bono. La recurrente solicitó suspender ese procedimiento mientras el Tribunal Constitucional resuelve la cuestión de constitucionalidad planteada.
¿Qué efecto tienen las licencias médicas por grave enfermedad de un hijo sobre el pago del bono de modernización del Poder Judicial?
En este caso, la recurrente sostiene que la Corporación Administrativa del Poder Judicial, al aplicar el artículo 4 inciso 5° de la Ley N° 19.531 y el artículo 66 del Acta de la Corte Suprema, considera esas licencias como días no trabajados para negar el bono. La jueza estima que esa aplicación contraviene la Constitución, cuestión que el Tribunal Constitucional debe resolver.
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