La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una funcionar…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una funcionaria pública que, tras conservar su calificación en Lista N° 3 durante dos períodos consecutivos por encontrarse con licencia médica, arriesgaba la separación del servicio. El organismo determinó que resulta improcedente mantener la calificación de un período a los dos procesos evaluatorios inmediatamente siguientes si aquella no se encuentra ejecutoriada. En el caso, no se acreditó que la evaluación del período 2010-2011 hubiera sido notificada a la interesada, por lo que no podía servir de fundamento para los períodos posteriores. En consecuencia, se ordenó a la subsecretaría regularizar la situación, notificando dicha evaluación para que la funcionaria pueda ejercer los mecanismos de impugnación conforme a la ley N° 18.834.
Normas citadas
ley 18834 art/40
ley 18834 art/50
ley 18834 art/48
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede una calificación de Lista N° 3 de un período anterior servir de base para una eventual separación de un funcionario público si no fue notificada?
No. En este caso, la Contraloría General de la República determinó que no se acreditó la notificación de la evaluación de un período, por lo que no podía servir de fundamento para los procesos posteriores, y ordenó regularizar la situación notificándola.
¿Procede mantener la calificación de un período a los dos procesos evaluatorios siguientes si no está ejecutoriada?
No. La Contraloría General de la República resolvió que resulta improcedente mantener la calificación de un período a los dos procesos evaluatorios inmediatamente siguientes si aquella no se encuentra ejecutoriada.
¿Qué derecho tiene un funcionario público frente a una calificación que se le quiere aplicar sin notificación?
En este caso, la Contraloría General de la República señaló que, al notificarse la evaluación, la funcionaria podrá ejercer los mecanismos de impugnación previstos en la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.
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