Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema, en su Tercera Sala, confirmó la sentencia apelada en el rol, relativa a una acción constitucional interpuesta por una persona migrante contra la autoridad administrativa. El tribunal analizó si la demora en la tramitación de la solicitud migratoria constituía una violación al plazo razonable garantizado por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se examinó si la acción constitucional tenía por objeto acelerar o sustituir procedimientos administrativos en curso. La Sala concluyó que no existía indicio de discriminación ni de abuso de poder, y que la demora no vulneraba el derecho al plazo razonable. Finalmente, al no configurarse los requisitos para la protección constitucional bajo el artículo 20 de la Carta Magna, se rechazó la acción.