Resumen del criterio jurisprudencial
La recurrente María Gabriela Mendoza, de nacionalidad venezolana con residencia definitiva en Chile, interpuso acción de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la falta de pronunciamiento sobre su solicitud de Carta de Nacionalización presentada el 4 de abril de 2025. La demandante alegó que la demora superior a un año vulneraba sus garantías constitucionales y los principios de celeridad, conclusivo y economía procedimental de la Ley N°19.880. El Servicio informó que la solicitud se encontraba en etapa de 'Primer Análisis' y que el plazo de la Ley 19.880 no es fatal, solicitando el rechazo de la acción. La Corte de Apelaciones de Iquique examinó la omisión a la luz de la Ley 19.880 y la Constitución Política. Determinó que la prolongación sin decisión resultaba arbitraria y carente de razonabilidad, afectando la garantía de igualdad ante la ley. En consecuencia, acogió la acción ordenando a la autoridad emitir el pronunciamiento correspondiente dentro de 60 días corridos desde la notificación.