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La Corte de Apelaciones de Antofagasta conoció un recurso de protección presentado por…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Antofagasta conoció un recurso de protección presentado por un grupo de familias en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta. Las recurrentes habían recibido materialmente sus viviendas con subsidio habitacional desde el año 2019, pero el organismo no les había otorgado las escrituras de dominio, lo que les impedía adquirir legalmente la propiedad. La Corte concluyó que la demora de más de tres años, atribuida a trámites internos del servicio y de otros organismos, carecía de justificación legal y afectaba el derecho de propiedad y la integridad psíquica de las familias, agravada por su situación de vulnerabilidad. En consecuencia, acogió la acción constitucional sin costas y ordenó al Servicio de Vivienda y Urbanización otorgar las escrituras de dominio ante notario de las unidades del proyecto habitacional, en un plazo máximo de 120 días corridos.

Normas citadas

  • D.S. N° 49
  • Ley N° 18.575
  • Resolución Exenta N° 0522
  • Resolución Exenta N° 323
  • Ley N° 20.379
  • D.S. N° 355
  • Código Civil
  • Resolución Exenta N° 4423
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Preguntas frecuentes

¿Es procedente el recurso de protección por demora en la entrega de escrituras de dominio de viviendas con subsidio habitacional?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección al concluir que la demora de más de tres años en otorgar las escrituras carecía de justificación legal y afectaba el derecho de propiedad y la integridad psíquica de las familias.

¿Qué plazo puede fijar la justicia para que el Serviu otorgue las escrituras de dominio?

En este caso, la Corte ordenó al Servicio de Vivienda y Urbanización otorgar las escrituras de dominio ante notario en un plazo máximo de 120 días corridos.

¿La vulnerabilidad de las familias influye en la protección del derecho de propiedad frente a la demora del Serviu?

En este caso, la Corte consideró que la afectación al derecho de propiedad y a la integridad psíquica se agravaba por la situación de vulnerabilidad de las familias, lo que motivó acoger la acción constitucional.

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