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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el decreto N° 175, de 2011, d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el decreto N° 175, de 2011, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobaba un nuevo reglamento de administración de bienes fiscales de la Fuerza Aérea de Chile, y lo devolvió sin tramitar por no ajustarse a derecho. Señaló que la facultad de adquirir material de guerra corresponde al Presidente de la República, por lo que los artículos que la otorgan a la institución son improcedentes. Cuestionó una causal de cese de responsabilidad administrativa que excede lo previsto en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, y objetó descuentos de remuneraciones por adquisición de vestuario, varias atribuciones de unidades institucionales y la causal de eliminación de proveedores por carecer de fuente legal. Además, observó que no se indicó la norma legal que el reglamento desarrolla, requisito exigido por la potestad reglamentaria de ejecución, ni los decretos que fijan las unidades competentes.

Normas citadas

  • ley 20424 art/5 lt/g
  • ley 13196 art/2
  • ley 13196 art/5
  • ley 18928 art/10
  • ley 18948 art/47 lt/h
  • dfl 1/97 DEFEN art/156
  • pol art/32 num/6
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un reglamento de la Fuerza Aérea atribuirse la facultad de adquirir material de guerra?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la facultad de adquirir material de guerra corresponde al Presidente de la República, por lo que los artículos que la otorgaban a la institución son improcedentes y el decreto fue devuelto sin tramitar.

¿Puede un reglamento establecer descuentos de remuneraciones por la adquisición de vestuario a un funcionario militar?

En este caso, la Contraloría objetó los descuentos de remuneraciones por adquisición de vestuario contemplados en el reglamento, por lo que el decreto no fue tramitado en su versión propuesta.

¿Qué exigencia debe cumplir un reglamento de ejecución para ser ajustado a derecho?

En este caso, la Contraloría observó que el reglamento no indicaba la norma legal que desarrolla, requisito exigido por la potestad reglamentaria de ejecución, además de no señalar los decretos que fijan las unidades competentes.

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