El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado por un particular contra un Servicio de Salud. El reclamante alegaba molestia porque un funcionario se negó a concederle audiencia, pero el Consejo estimó que esos hechos no constituyen incumplimiento de los artículos 7° de la Ley de Transparencia ni 51 de su Reglamento, pues no se denunció falta de completitud o de acceso al listado de información que los organismos públicos deben mantener en sus sitios electrónicos. Al no concurrir un elemento habilitante para reclamar, se declaró inadmisible el reclamo y se ordenó notificar a las partes. Se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y no reposición administrativa.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadSalud
Preguntas frecuentes
¿Qué se necesita para que sea admisible un reclamo por infracción a la transparencia activa ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo porque no se denunció falta de completitud o de acceso al listado de información que los organismos públicos deben mantener en sus sitios electrónicos, requisito de los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.
¿Es admisible un reclamo ante el Consejo para la Transparencia si solo se alega que un funcionario no concedió una audiencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que la negativa de un funcionario a conceder una audiencia no constituye incumplimiento de las normas de transparencia activa, por lo que declaró inadmisible el reclamo.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y no reposición administrativa.
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