El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo presentado contra una mu…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo presentado contra una municipalidad, al determinar que lo reclamado no constituía una solicitud de acceso a información pública, sino una queja por mala atención. En su decisión, el Consejo señaló que la recurrente podrá formular en el futuro una nueva solicitud de información por los canales correspondientes y, en caso de negativa, interponer un nuevo amparo dentro de los plazos legales. Asimismo, se indicó que contra esta resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la reclamante, dentro de quince días corridos desde su notificación, y que no corresponde el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Un reclamo por mala atención en una municipalidad puede tramitarse como amparo de acceso a la información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque lo reclamado era una queja por mala atención y no una solicitud de acceso a información pública. Por eso no se entró al fondo del asunto.
¿Qué puede hacer una persona si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible su amparo?
En este caso, el Consejo indicó que la reclamante puede presentar una nueva solicitud de información por los canales correspondientes y, si hay negativa, interponer un nuevo amparo dentro de los plazos legales. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de su domicilio, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no cabe recurso de reposición.
¿Procede el recurso de reposición contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo sostuvo que no corresponde el recurso de reposición contra su resolución. La vía que señaló es el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la reclamante, dentro de quince días corridos desde su notificación.
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